Si algo faltaba en el proceso globalizante de la internet, era la expansión a otros idiomas en los dominios web. Y hacia allí nos encaminamos.

Según un comunicado de la agencia EFE, replicado por varios medios, “las direcciones en internet podrán redactarse a partir de ahora en chino, árabe u otros idiomas y no sólo en caracteres romanos, como ocurría hasta el momento, anunció el lunes la ICANN, el discreto organismo norteamericano que administra la red y los nombres de los portales.”

Este se convierte en en el cambio técnico más grande desde la invención de internet.

Esta modificación, destinada a facilitar la utilización de la red por un número creciente de internautas no angloparlantes, tendrá lugar a mediados de 2010, según el presidente de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Rod Beckstrom.

Recientemente la Corte Suprema de Chile acogió un recurso de protección interpuesto por un fotógrafo aficionado quien acusó a una empresa por utilizar, sin la autorización respectiva, una imagen que publicó en un sitio personal de internet. La resolución unánime fue adoptada por los ministros, quienes acogieron el escrito presentado contra la empresa que distribuye los soportes electrónicos Fujitel.

El denunciante concurrió a comprar un audífono de la citada marca y se sorprendió al ver que en la publicidad de ésta se exhibía una fotografía que él había publicado en su sitio web.

El fallo señala que se vulneró el derecho a la propia imagen al utilizar la citada fotografía sin autorización, por lo que la empresa incurrió en un comportamiento ilegal y arbitrario, ante lo cual la firma debe abstenerse de continuar utilizando en su publicidad, las imágenes de propiedad del recurrente.

La resolución sostiene que “la circunstancia de haber la persona mencionada subido su fotografía a la red, espacio público en que era observable por quien accediera al sitio donde ella se exhibía, no puede entenderse como una renuncia de la disponibilidad sobre la misma por parte de su titular, traducida en una autorización tácita para su utilización por parte de terceros, máxime cuando ello se realiza con una finalidad lucrativa”.

Añade que “el uso no autorizado de la imagen propia, en condiciones como la que se viene de señalar conduce necesariamente a abordar el tema de la protección jurídica del derecho correspondiente, cuando con su vulneración resulta agraviado el titular del mismo en su interés patrimonial”.  Asi lo informa el diario chileno La Nación.

En tiempos de tanta virtualidad que pone en peligro los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen propia y, como en este caso hasta la propiedad intelectual sobre nuestras propias fotografías, es un alivio ver que los Tribunales están allí para para defender la esfera de nuestra privacidad. En este caso particular, en que el uso de la imagen ajena -además- fue hecho con fines de lucro por un tercer, la vulneración parece evidenciarse con más claridad. Sin embargo, todo esto nos lleva a preguntarnos cuál será el real dominio que tenemos de aquella información e imágenes que nosotros mismos subirmos a la red y que entregamos a la infinidad virtual, exponiendola a la manipulación de terceros, sin tener verdadera conciencia de las implicancias de ello.

Según informa el la versión digital del diario argentino Clarín, una mujer estaba en un banco de Nueva York, EE. UU., cuando entró un ladrón que amenazó a un cajero. A través de su Blackberry, le fue relatando los detalles del robo a sus contactos. Así, comenzó un inusual relato de los pormenores de un asalto bancario, en el mismo momento en que se desarrollaba. Según trascendió, es la primera vez que se reporta un robo de banco a través de Twitter.

A pesar de las críticas, unas pocas horas después del robo Dooling había sumado 200 nuevos lectores a su sitio y había llegado a 2.100 seguidores.

Sin duda, las nuevas tecnologías lo están cambiando todo…

Un nuevo revés en tribunales sufrió la segunda eléctrica del país, AES Gener. Esto porque la Corte Suprema confirmó la sentencia que dejó sin efecto la autorización ambiental que posee el proyecto central termoeléctrica Campiche (270 MW, carbón, US$ 500 millones de inversión). El máximo tribunal en su fallo afirma que «la eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».

La sentencia emitida bajo el Rol 1219-2009 ha puesto el tema en el tapete para la opinión publica chilena, en la que juristas y entendidos tienen posiciones encontradas acerca de si el tema es efectivamente una cuestión ambiental o administrativa. Por lo pronto, el Supremo Tribunal ha hecho prevalecer el inciso del artículo 19 de la Constitución Política, que consagra las garantía del derecho a la preservación del medio ambiente para todos los individuos.

En una práctica inédita en el mundo legal, un abogado australiano envió documentos legales a una pareja, notificándolos a través de su página en Facebook. Así lo consigna una nota periodística de la cadena BBC Mundo.com.

Los deudores de un préstamo hipotecario fueron legalmente notificados de la pérdida del inmueble, según lo entendieron los jueces que dieron validez legal a esta  práctica, considerando que el envío de la notificación se hizo mediante el correo privado de Facebook, y no a través del sistema público por el que todos los usuarios hubieran podido tomar conocimiento de la situación.

Una vez más, asistimos al avance implacable de las redes sociales, que llega incluso al mundo legal. 

El Senado ya  aprobó la Nueva Ley General de Educación (LGE). Ahora resta enviarla a la Comisión de Educación respectiva para la discusión en particular y esperar que finalmente se convierta en ley.
La LGE plantea que todas las personas, durante toda su vida, deben tener a su alcance una educación de calidad, universal y permanente. Dispone un sistema educativo más equitativo, donde los diferentes sectores sociales podrán integrarse e interactuar en igualdad de condiciones, y con un mayor nivel de participación y control con respecto a los miembros de la comunidad educativa. También establece la atención especial a poblaciones con mayores dificultades.
El Estado pasa a tener un rol más activo, donde está obligado a asegurar la posibilidad de acceso a la educación mediante la financiación de un sistema gratuito. Además de ser responsable por velar por la calidad y equidad de la educación que se imparta en todas las escuelas de Chile.
La educación es un derecho fundamental contemplado en la Constitución Nacional. La LGE establece la forma en que debe desenvolverse el sistema educativo nacional, de modo que todos los habitantes de la República puedan gozar de ese derecho. Ya veremos si lo logra.
Pueden ver un artículo muy interesante de Humberto Nogueira Alcalá sobre este proyecto: “Una nueva mirada sobre los aspectos constitucionales del derecho a la educación: Su protección en el derecho internacional y evolución de la jurisprudencia”.

Cuando se habla de televisión digital, es probable que a algunos los remita a una sofisticación futurista, inalcanzable. Ya a fines de los noventa se comenzó a discutir en Chile el tema de cuándo los canales tradicionales comenzarían a digitalizarse, debate que se ha venido dando en toda Sudamérica, donde cada uno de los países debía adoptar la norma que permitiría montar la nueva plataforma digital; proceso que -por otro lado- se encuentra en diferentes grados de avance.   

Todo este proceso que implicará beneficios para los usuarios televidentes -formato, varios canales en la misma señal, aplicaciones interactivas, y otros-  también conlleva la renovación de equipos y tecnología.  Mientras todos se ponen de acuerdo, los canales de televisión ya han comenzado a invertir considerables sumas en la digitalización de sus estaciones principales, pero no en equipos, hasta que no se defina la norma de transmisión.

Finalmente el proyecto tomó estado parlamentario.  La iniciativa ingresó a la Cámara la semana pasada. El mensaje del Proyecto entrega al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la facultad de autorizar la emisión de contenidos audiovisuales y la concesión del espectro radioeléctrico para el transporte de señales de televisión, como servicio intermedio.

El Consejo Nacional de Televisión, en tanto, mantendrá la asignación de todas las autorizaciones para poner en el aire señales de televisión, además de las facultades de supervigilancia de los contenidos. Asimismo, el texto legal propone crear la figura de las concesiones regionales, locales y comunitarias, además de la nacional, estableciéndose derechos y obligaciones diferenciadas, con el objeto de protegerlas e impulsarlas en su desarrollo.  

En resumidas cuentas, quedan todavía muchas cuestiones por zanjar. Ya no tanto las técnicas, como las legales y regulatorias. Y mientras este aletargado proyecto recorre su sinuoso camino parlamentario, los usuarios aún esperan la entrada a ese prometido “paraíso” digital … que se hace esperar.

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