El texto amplía las facultades del Ministerio Público para la prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos, permitiéndole profundizar en la información bancaria de las personas investigadas, mediante una amplia facultad para levantar el secreto bancario, con las debidas garantías judiciales.

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El Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, discrepó del fallo de la Contraloría General de la República que estableció que las municipalidades «están jurídicamente impedidas de implementar planes o programas o realizar actividades o acciones que impliquen la utilización o entrega a cualquier título de ese fármaco, ni aun a costo municipal o mediante cobro al usuario».

Añadió el diputado que «es posible seguir adquiriendo este método de anti-concepción de emergencia en las farmacias» y enfatizó que «es momento de reconocerle a todas las mujeres chilenas el derecho a usar este anticonceptivo de emergencia y respetar sus derechos sexuales y reproductivos».

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