Cuando hablamos de un tema como la protección de datos personales, tal como lo entiende hoy la doctrina, invariablemente tenemos que remitirnos a las categorías de derechos fundamentales del hombre, así de relevante se nos plantea esta materia, que ha estado vinculada desde hace mucho tiempo al derecho a la privacidad.

Conocido como un derecho de “tercera generación”, vale decir, aquellos que responden al fenómeno conocido como “contaminación de libertades”, atendiendo a la erosión y degradación que aqueja a los derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías, la protección de los datos personales es un tema cada vez más sensible en la sociedad globalizada de hoy.

En el artículo publicado por Microjuris Chile, del autor Jaime Luarte Correa, abogado y magíster en informática y derecho, ofrece un recorrido sobre el tratamiento de este tema en el derecho compadado, para terminar concentrándose en la realidad de la legislación chilena. El mismo puede ser visitado haciendo click aquí

Las Jornadas Internacionales de Derecho Natural son organizadas anualmente a través de un convenio entre la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El tema de la quinta versión de las jornadas, que auspicia Microjuris Chile,  aborda “La posibilidad de una fundamentación material de los derechos humanos” y están teniendo lugar entre el 14 y el 16 de octubre de 2009.

Expondrán juristas chilenos, argentinos, brasileños, peruanos e italianos.

El programa de la la actividad puede verse aquí

“Siempre será motivo de alto interés jurídico el poder apreciar cómo comienzan a operar nuevos mecanismos que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, particularmente si ellos están referidos a la protección de los derechos fundamentales de las personas.

En el caso sobre el cual versa este comentario estamos en presencia de un mecanismo que se incorporó a nuestra Constitución Política en la trascendental reforma de agosto del 2005, como una nueva atribución del Tribunal Constitucional. Nos referimos a lo que se ha denominado la “Acción de Inconstitucionalidad”, regulada en el articulo 93 N°7 de la Carta Fundamental”.

Continúe leyendo el comentario al fallo del Tribunal Constitucional de Chile sobre la gratuidad de los turnos de los abogados, escrito para Microjuris por Jorge Van De Wyngard Moyano. Para leerlo, pulse aquí

Es la propuesta del autor Raúl Madrid Ramírez, especialista en derecho constitucional, que en su trabajo “Tutela de los derechos fundamentales en el nuevo procedimiento laboral” aborda el tema a través del cristal de las garantías fundamentales que otorga la Constitución.

Aquí, el párrafo introductorio de esta doctrina que puede verse completa en Microjuris Chile

…A propósito de la incipiente jurisprudencia que se ha empezado a generar con ocasión de las últimas reformas al Derecho laboral chileno, resulta interesante detenerse a analizar algunos elementos que aparecen llamativos, especialmente los establecidos por la Ley 20.087 . Desde el punto de vista procesal, por ejemplo, llaman la atención las modificaciones hechas por la ley que buscan “materializar, en el ámbito Laboral, el derecho a la tutela judicial efectiva, que supone no sólo el acceso a la jurisdicción sino también que la justicia proporcionada sea eficaz y oportuna”. La ley, en una serie de aspectos, busca aumentar el carácter diferenciado del procedimiento laboral.

[…] En cuanto al modelo de tutela de los derechos fundamentales al interior de las relaciones laborales, uno de los pilares del proyecto intenta fortalecer la vigencia plena, en el ámbito jurídico-laboral, de los derechos que el trabajador detenta no sólo en cuanto trabajador, sino que también en su condición de persona (derecho a la intimidad y vida privada, el honor y la propia imagen, el pensamiento político o religioso, la libertad de expresión, el derecho a no ser discriminado, etc.).  Se trata, en definitiva, del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes de vínculos laborales plenamente democráticos, entendiendo que “[l]os derechos fundamentales se identifican con el conjunto de derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico, normalmente en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una especial tutela jurídica”. En este sentido y una vez más, para nuestro ordenamiento jurídico los Derechos Fundamentales sólo se conciben si están garantizados y no necesariamente si emanan o no de la naturaleza humana, esto es, sin importar demasiado si le son originarios, y su consiguiente dignidad intrínseca anterior a la sociedad y al Estado.  […]

Invitamos a los usuarios de Microjuris Chile a conocer el texto completo de este análisis doctrinario.

Todo proceso de integración económica en la medida que transite hacia formas integrativas profundas, tal la constitución de un Mercado Común, impone acompañar dicha integración en lo económico con un paralelo desarrollo jurídico capaz de dotar al relacionamiento regional entre particulares -personas físicas y colectivas- en última instancia los destinatarios de la integración, de la certeza, seguridad y equidad que únicamente el Derecho es capaz de brindar a la vida civilizada del hombre en sociedad, en el caso, a nivel regional. Al respecto con palabras que aún conservan plena vigencia, Alcalá Zamora decía hace ya más de cincuenta años, “el proceso incesante y vertiginoso de los medios de comunicación, las cada día mayores relaciones mercantiles, políticas e intelectuales entre las naciones del mundo, son factores que contribuyen a fomentar y aún a exigir la cooperación entre los distintos Estados de la tierra”.

Haciendo click aquí, usted podrá conocer el desarrollo de la temática escrito por Eduardo Tellechea Bergman publicado en Microjuris.

Microjuris pone a disposición de los usuarios de la Comunidad, un nuevo número del Boletín del Centro de Estudios para el Derecho y la Ética Aplicada, publicado por esta editorial.

En la entrega #6 su director, el Profesor Raúl Madrid Ramírez, escribe sobre “La Constitución como cultura y el concepto de horizonte de significado: Hacia un nuevo paradigma constitucional en el Siglo XXI”

En este extenso ensayo explica que (…) fruto de los modelos hermenéuticos imperantes en la segunda mitad del siglo XX, la Constitución comienza a matizar su exclusivo sentido normativo y se abre, de la mano de modelos como la Teoría del Derecho, a un conjunto de elementos culturales que se vinculan con la experiencia vital de los pueblos. El conjunto de esas experiencias conforman una unidad textual que posibilita el surgimiento de la Constitución como “orden de valores”, paradigma de significado interpretativo.

Los invitamos a ver el texto completo de este boletín que puede ser obtenido aquí: Boletín CEDAP N 6 (Jul-Ago 2009)

La doctrina y la jurisprudencia llevan bastante tiempo ocupándose de este problema y lo cierto es que la cuestión acerca de la interpretación de la voz “paraliza” que utiliza el Código penal en su artículo 96, sigue sin tener un desenlace definitivo. El debate ha tenido lugar entre quienes consideran otorgar un sentido estrictamente jurídico a dicha voz, lo que conduce a una limitación en contra del individuo, y aquellos que le otorgan una mayor amplitud, recogiendo situaciones fácticas determinadas que paralizan el proceso, restringiendo a su vez la pretensión punitiva del estado.

Haciendo click aquí, usted podrá conocer el desarrollo de la temática escrito por Hernán Fuentes Cubillos en forma exclusiva para Microjuris
 

El interrogante ¿aplicar o no la castración química a violadores y pederastas? es otro más de los temas criminológicos que son retomados constantemente con suma frivolidad cada vez que algún caso impacta a la sociedad, y también será abandonado con rapidez a la espera de la siguiente estéril discusión e indignación social. La hipótesis de los partidarios de la castración química es muy sencilla: si el órgano sexual del hombre viola, al atrofiarlo o extraerlo, el hombre deja de violar, pero en la práctica, existirán un gran número de elementos que afectarán su aplicación y que traerán repercusiones, tanto para el individuo castrado como para la sociedad que lo contiene.

Haciendo click aquí, usted podrá conocer el desarrollo de la temática escrito por Eduardo Arreola Villarreal  publicado en Microjuris  

El concepto de “derechos fundamentales” conoce de una multiplicidad de sentidos. Posiciones estrictamente formales asocian este tipo de derechos a su consagración en la cúspide de la pirámide normativa; otras, incorporando elementos materiales, reconocen éstos como derechos anteriores e independientes de su consagración constitucional, en tanto derechos que “atañen no a circunstancias contingentes de los hombres sino a atributos vinculados directamente a la dignidad humana”, mientras que en su origen, el concepto suponía “derechos que corresponden a todos los seres humanos, o bien a todo ciudadano en cuanto miembro activo del Estado, y que se consideran tan relevantes que se estima necesario fijarlos por escrito (en declaraciones o constituciones) a fin de plasmar, en el respectivo documento, los fundamentos de la organización política”.

En ese contexto, señalar que el sistema normativo chileno ha reconocido un nuevo derecho fundamental, el derecho de acceso a la información pública en poder del Estado (en adelante, DAIP), supone importantes desafíos en términos argumentales, en primer lugar, respecto del propio carácter fundamental del derecho (tarea que compete, principalmente, a la academia y la judicatura); y, en segundo lugar, la elaboración de herramientas argumentales para su adecuada garantía (tarea que compete, principalmente, a los operadores jurídicos).

Haciendo click aquí, usted podrá conocer el desarrollo de la temática escrito en forma exclusiva por Davor Harasic Y., Marcelo Cerna G. y Andrés Pavón M. para Microjuris  

Las decisiones jurisprudenciales sobre la acreditación del dolo que significan un razonamiento adicional a la mera posesión, transporte o guarda tienden a ser excepcionales, ello motivado con toda seguridad por la incriminación y selección de casos que realiza propiamente el Ministerio Público. En otros términos, en la medida en que el ente persecutor, únicamente sustenta acusaciones basadas en el mero contacto físico del imputado con la sustancia, el razonamiento judicial se limita a constatar la existencia de prueba de cargo suficiente sobre el punto, y luego de ello, estima concurrente el conocimiento de la ilicitud, sea de manera expresa o ínsita, derivada de la existencia de un silogismo evidente, consistente en que quien posee o porta especies u objetos, no puede desvincularse del conocimiento de su contenido, salvo que sustente y pruebe razonablemente, que no tenía forma alguna de conocer la existencia de una sustancia ilícita. De esta forma, es la defensa la que debe generar prueba de descargo, tesis de defensa o coartada vinculada al desconocimiento del acusado del contenido de lo que porta, guarda o posee.

Haciendo click aquí, usted podrá conocer el desarrollo de la temática escrito por Jaime Retamal Herrera  en forma exclusiva para Microjuris