“Ciega y sorda la justicia: Devuelven a la calle a un deambulante que pidió ayuda para dejar la droga”, es el título de una noticia reseñada por José Sánchez Fournier, hoy en EL Nuevo Día,pág. 12,  que requiere que reflexionemos sobre nuestra solidaridad ciudadana. Víctor Morales Lasalle, un ciudadano quien lleva cinco años deambulando por las calles y adicto a heroína y cocaína, recurre a unos policías para que lo arresten con el propósito poder recibir tratamiento para su adicción. “Ya estoy cansaó de esto, estaba buscando alternativas para quitarme,” les dice Víctor.

Los policías dan un magnífico ejemplo de responsabilidad ciudadana en su trato con el deambulante. Le indican que no pueden arrestarlo porque no ha cometido delito. Acto seguido, el ciudadano saca de su bolsillo dos bolsas de cocaína y tres de crack. Ahora los policías tienen motivos fundados en ley para arrestarlos. En términos legales, se trata de un arresto válido y la ocupación de la droga fue legal, pues la persona le entregó la droga ilegal a los policías , mediando un consentimiento válido. La actuación dentro del marco de legalidad, cortés y solidaria de los policías buscando alternativas para que refirieran a la persona a un programa de desvío donde recibiera atención médica, enaltece la labor de la Policía de Puerto Rico. Estos policías merecen nuestras felicitaciones por una labor bien hecha.

En cambio, lo que sucedió en la vista de causa probable, nos sorprende. A todas luces, tomando como base los datos reseñados en la noticia, había causa probable para iniciar una acción penal contra el ciudadano, pues él consintió a entregar una evidencia delictiva, que poseía y transportaba en violación a la Ley de Sustancias Controladas. El ciudadano hubiera querido hablar, ponerle cara a su angustia cotidiana; pero entendió que la juez le dijo que no hablara. Claro está, el ciudadano hubiera podido renunciar a su derecho a no autoincriminación, como lo hizo cuando fue arrestado por los policías. Su derecho a renunciar a permanecer callado también se le debió explicar, de manera que lo entendiera, y pudiera exponer ante la Juez su deseo que el Sistema de Justicia lo ayudara. De haberse determinado causa probable para su arresto, el Estado habría asumido jurisdicción sobre Víctor, de manera que esa noche durmiera bajo un techo y comiera caliente, aunque fuera en la cárcel y tuviera ante sí un proceso judicial pendiente. Pero esa decisión cerró la puerta a que Víctor recibiera ayuda ante su decisión de reconocer que necesita ayuda para terminar con su drogadicción.  Esa decisión también afectó la percepción que se tiene la judicatura, como institución para impartir justicia.

Hoy Víctor está deambulando por nuestras calles, sin dinero, y posiblemente robando para satisfacer su adicción. Tuvimos como sociedad la oportunidad de extenderle nuestra mano solidaria, como lo hicieron los policías y la fiscal, pero nuestro sistema judicial, quizás por tecnicismo, no aprovechó el pedido de ayuda de Víctor. “!Qué nos pasa Puerto Rico!” es más que la línea de una campaña publicitaria; es un llamado a la solidaridad ciudadana y comunitaria, tanto de los ciudadanos como de las instituciones gubernamentales y sociales.