“Ciega y sorda la justicia: Devuelven a la calle a un deambulante que pidió ayuda para dejar la droga”, es el título de una noticia reseñada por José Sánchez Fournier, hoy en EL Nuevo Día,pág. 12,  que requiere que reflexionemos sobre nuestra solidaridad ciudadana. Víctor Morales Lasalle, un ciudadano quien lleva cinco años deambulando por las calles y adicto a heroína y cocaína, recurre a unos policías para que lo arresten con el propósito poder recibir tratamiento para su adicción. “Ya estoy cansaó de esto, estaba buscando alternativas para quitarme,” les dice Víctor.

Los policías dan un magnífico ejemplo de responsabilidad ciudadana en su trato con el deambulante. Le indican que no pueden arrestarlo porque no ha cometido delito. Acto seguido, el ciudadano saca de su bolsillo dos bolsas de cocaína y tres de crack. Ahora los policías tienen motivos fundados en ley para arrestarlos. En términos legales, se trata de un arresto válido y la ocupación de la droga fue legal, pues la persona le entregó la droga ilegal a los policías , mediando un consentimiento válido. La actuación dentro del marco de legalidad, cortés y solidaria de los policías buscando alternativas para que refirieran a la persona a un programa de desvío donde recibiera atención médica, enaltece la labor de la Policía de Puerto Rico. Estos policías merecen nuestras felicitaciones por una labor bien hecha.

En cambio, lo que sucedió en la vista de causa probable, nos sorprende. A todas luces, tomando como base los datos reseñados en la noticia, había causa probable para iniciar una acción penal contra el ciudadano, pues él consintió a entregar una evidencia delictiva, que poseía y transportaba en violación a la Ley de Sustancias Controladas. El ciudadano hubiera querido hablar, ponerle cara a su angustia cotidiana; pero entendió que la juez le dijo que no hablara. Claro está, el ciudadano hubiera podido renunciar a su derecho a no autoincriminación, como lo hizo cuando fue arrestado por los policías. Su derecho a renunciar a permanecer callado también se le debió explicar, de manera que lo entendiera, y pudiera exponer ante la Juez su deseo que el Sistema de Justicia lo ayudara. De haberse determinado causa probable para su arresto, el Estado habría asumido jurisdicción sobre Víctor, de manera que esa noche durmiera bajo un techo y comiera caliente, aunque fuera en la cárcel y tuviera ante sí un proceso judicial pendiente. Pero esa decisión cerró la puerta a que Víctor recibiera ayuda ante su decisión de reconocer que necesita ayuda para terminar con su drogadicción.  Esa decisión también afectó la percepción que se tiene la judicatura, como institución para impartir justicia.

Hoy Víctor está deambulando por nuestras calles, sin dinero, y posiblemente robando para satisfacer su adicción. Tuvimos como sociedad la oportunidad de extenderle nuestra mano solidaria, como lo hicieron los policías y la fiscal, pero nuestro sistema judicial, quizás por tecnicismo, no aprovechó el pedido de ayuda de Víctor. “!Qué nos pasa Puerto Rico!” es más que la línea de una campaña publicitaria; es un llamado a la solidaridad ciudadana y comunitaria, tanto de los ciudadanos como de las instituciones gubernamentales y sociales.

El 11 de marzo de 2009, el períodico EL Nuevo Día, pág.8, presenta una tabla donde llama la atención a las discrepancias entre los datos oficiales sobre muertes an accidentes automovilísticos y muertes por sobredosis de drogas, suicidios y asesinatos, que proveen la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses. Las discrepancias son significativas. La tabla a continuación es evidente. Urge que ambas agencias aclaren la forma de clasificar el dato de manera que el público y los investigadores tengan datos confiables sobre muertes violentas.

I

Esta mañana Puerto Rico se conmovió ante el abanico de asesinatos que reseñaron los medios noticiosos. Cualquiera de nosotros, ciudadanos que vivimos cumpliendo la ley y aportando a nuestra sociedad, pudo haber sido la víctima. Una turista embarazada que hace “jogging” por un lugar concurrido a las 9:00 AM; un ministro religioso que se detiene temprano en la noche en una gasolinera; una mujer víctima de violencia doméstica; un comerciante; y un joven que aparece asesinado y no se sabe su identidad. De esos asesinatos, sólo el del joven desconocido parece estar asociado con el narcotráfico.

Tenemos el perfil de las víctimas; pero cuál es el perfil de los asesinos. De eso se habla poco, o no nos interesa. Probablemente fueron personas socializadas en violencia, quizás maltratados como menores, desertores escolares, con fácil acceso a las armas mortíferas, marginados o privados de acceso para satisfacer necesidades básicas de socialización y desarrollo de su personalidad. ¿Qué participación tuvo la sociedad, la familia, la escuela, los medios, los pares, la iglesia, las comunidades, en la socialización de estos asesinos? Cuando miremos hacia esos factores de riesgo al crimen estaremos dando un primer paso hacia prevenir que estos asesinatos se repitan. Pensar que es problema de la policía o que ésta no está haciendo su trabajo, es la forma más simplista de atender el asunto. Es tiempo ya que nos preguntemos: ¿qué podemos hacer como ciudadanos y como país para evitar los asesinatos?

Desde hace varios años he planteado que la criminalidad es un asunto que nos toca atender a todos los ciudadanos y que no hacerlo es continuar tapando el cielo con la mano. Apremia una política pública nacional y de acción ciudadana para hacer de Puerto Rico un lugar seguro y donde la violencia sea la excepción. Los invito a leer mi comentario Agenda para un Puerto Rico Seguro y mi libro El Crimen en Puerto Rico con varias recomendaciones de acción tanto de parte del gobierno como de los ciudadanos.

El Sen. Alejandro García Padilla ha creado la “beca de prioridad legislativa” para estudiantes sobresalientes deventajados economicamente. Lo sobresaliente de esta gestión es que se nutrirá de los salarios que recibe el legislador como parte de sus ingresos por su trabajo.

La criminalidad es un asunto que nos toca atender a todos los ciudadanos. Lo más efectivo es educar para prevenir a largo plazo. Uno de los problemas más serios de este país es la falta de educación asociada con la pobreza.  Existe una correlación probada entre deserción escolar y criminalidad, por lo que cualquier gestión dirigida a mantener a los jóvenes estudiando habrá a propiciar la paz y orden público. De ahí la importancia de este fondo para propiciar que los jóvenes estudien. Véase El Crimen en Puerto Rico, cap. 3.

El senador García Padilla ha atendido ese llamado con acciones. Lo que ofreció durante la campaña política dejó de ser una promesa–de las muchas que se hacen en las campañas y luego el viento se las lleva–para convertirse en acción de gran envergadura.   Se trata de unos actos que conllevan erogación al bolsillo del senador. A fin de mes el Senador tendrá menos dinero para gastar, pero contará con la satisfacción de saber que está restituyendo a su país lo mucho que le ha dado. Su conducta constituye un llamado moral al resto de los legisladores para que compartan los dineros que les paga con creces el pueblo de Puerto Rico.

Recomiendo, a su vez, que esas personas que se beneficien de la Beca de Prioridad Legislativa, se comprometan una vez estén trabajando a devolver poco a poco lo que se les proveyó por el Fondo, de manera que el fondo crezca y pueda alcanzar a más personas, mientras la persona beneficiaria asume responsabilidad social por lo que recibió.

Confío que el ejemplo que ha dado el Senador se convierta en una cadena de cientos de funcionarios públicos y ciudadanos en que cada quien contribuya un poco de lo que tiene para ayudar al prójimo que realmente necesita de lo que a usted le sobra o no necesita. Un Puerto Rico seguro y con calidad de vida para todos es responsabilidad de cada uno de nosotros.

El plan de estímulo económico presentado por el Gobernador Luis Fortuño, ante la recomendación del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF), tiene varias medidas que habrán de aumentar la pobreza en los sectores pobres y en la llamada “clase media” del país. El impacto último redundará en más criminalidad, aumento en las actividades relacionadas con el narcotráfico y más familias bajo el nivel de pobreza. Por ello urge analizar el impacto de las medidas desde el punto de vista social.

La pobreza, así como las presiones económicas de los padres, son factores de riesgo al crimen. La pobreza le hace más difícil a los niños el acceso a unas opciones de salud, educación y socialización que son necesarias en las etapas de formación de los niños y adolescentes. Múltiples estudios han confirmado una relación positiva entre pobreza y nacimientos prematuros, mortalidad en los niños, mala nutrición, mala salud, negligencia hacia los menores, embarazos de adolescentes, deserción escolar, participación en uso y venta de drogas, y criminalidad.

De otra parte, el narcotráfico y las actividades en torno al punto presentan una opción de ingreso, aunque de alto riesgo, para los jóvenes y adultos. Además, funciona como un negocio, que aunque ilícito,  proyecta mucha eficiencia, y mueve millones de dólares anualmente. ¿Cuántos de los 11,000 empleados públicos, y las miles de personas que dependen de ellos, en ausencia de un empleo y agobiados por la crisis social, se incorporarán a las actividades del narcotráfico para lograr el sustento para sus necesidades económicas básicas?

¿Qué efecto va a tener en la gente cuando los ahogue el precio de la gasolina, en un país en que los servicios de transportación pública son deficientes e inadecuados? ¿Que efecto va a tener cuando la gente no pueda cancelar los contratos de los celulares, porque están atados por el término de dos años, y el utilizarlos—sea como instrumento de trabajo, comunicación o seguridad—aumente su costo, más allá de su capacidad económica? ¿Cuántas personas perderán sus viviendas por el aumento en las contribuciones y el costo de vida? ¿Cuántas personas, niños y viejos, se verán privados de un cuidado de salud adecuado y de una nutrición adecuada, ante el efecto multiplicador que tendrán las medidas recomendadas sobre el pueblo pobre y trabajador?

Confío en que el Gobernador y la Legislatura le den consideración al impacto social de las medidas del Comité Asesor, de manera que el “remedio no sea peor que la enfermedad” pues el Puerto Rico seguro y con calidad de vida que todos queremos requiere que a fin de mes todos podamos pagar las cuentas, dar a nuestros hijos y dependientes mayores un cuidado de salud y alimentación adecuada, y aspirar a una educación y un empleo adecuados.

El que organizaciones como los Centros Sister Isolina Ferré, uno de los mejores esfuerzos de revitalización de comunidad en Puerto Rico y los Estados Unidos se vea precisado a cerrar servicios si no se le proveen fondos por servicios prestados que el Gobierno le adeuda es una vergüenza para este país. Además, contradice la política pública de prevención de criminalidad y seguridad ciudadana.

Las organizaciones comunitarias que atienden jóvenes en riesgo al crimen, desertores escolares, madres adolescentes, viejos, y comunidades con problemas de desempleo, vandalismo, crimen y violencia, constituyen una importante ayuda para el gobierno y la ciudadanía en prevención y control del crimen. Estos programas facilitan el desarrollo económico de la comunidad y proveen oportunidades de desarrollo para sus miembros. A largo plazo constituyen uno de los mecanismos más efectivos para reducir la criminalidad en el país.

Los Centros Sister Isolina Ferré constituyen una página de éxitos en las historia de Puerto Rico, donde por más de 30 años, han constituido un espacio de oportunidades para los niños, jóvenes, viejos y vecinos de las comunidades en que se encuentran. El Centro en Ponce se describió como el mejor esfuerzo de rehabilitación de una comunidad al compararlo con programas similares en los Estados Unidos (Charles Silberman, Criminal Violence, Criminal Justice (N.Y.: Random House, 1978),

Exhortamos al Gobernador y al Departamento de Hacienda a que faciliten el desembolso de los fondos adeudados a las organizaciones comunitarias que dia a dia con gran efectividad le ayudan a atender los problemas de violencia y crimen que vive Puerto Rico día a día.

En estos días se ha discutido en los medios el caso de una maestra de un colegio de Aguadilla imputada de agresión sexual por sostener relaciones orogenitales con un jovencito de 14 años. Consciente de que toda persona es inocente en nuestro País hasta tanto se le pruebe su culpabilidad fuera de toda duda razonable en un juicio justo e imparcial siguiendo el debido proceso de ley, procedo a contestar la pregunta que ha circulado en los medios: ¿puede bajo el Código Penal de Puerto Rico una mujer ser acusada del delito de agresión sexual contra un varón menor de edad? Sí

En el Código Penal de 2004, se consolidaron los anteriores delitos de violación, sodomía e incesto, en una definición más abarcadora de agresión sexual. El nuevo delito de agresión sexual, Art. 142, sigue la tendencia en derecho comparado de penalizar todo tipo de agresión contra la indemnidad sexual de otra persona, no importa su género, que conlleve algún tipo de penetración o relación sexual no consentida o con un consentimineto legalmente viciado. Se trata de un delito grave que podría conllevar una pena de reclusión de hasta 25 años.  Esto incluye la conducta sexual de penetración anal o vaginal, las relaciones orogenitales, así como la penetración digital (con los dedos) o con con un instrumento en los orificios del cuerpo humano en los cuales puede haber gratificación sexual, cuando se da al menos una de las circunstancias que se enumeran en el Artículo 142 del Código Penal.

Dos circunstancias concurren en la situación que se discute, cuyos hechos según los medios consistieron en que una maestra mayor de edad tuvo relaciones orogenitales con un discípulo de 14 años. Se trata del  del Art. 142, inciso (a) Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido dieciséis (16) años; y del inciso (i)  Cuando el acusado se aprovecha de la confianza depositada en él por la víctima por existir una relación de superioridad por razón de tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, secundaria o especial, tratamiento médico o sicoterapéutico, consejería de cualquier índole, o por existir una relación de liderazgo de creencia religiosa con la víctima.  En cualquiera de estas modalidades del delito de agresión sexual se daría en la situacion de hechos examinada. En estos casos la relación con un consentimiento legalmente viciado, configura el delito independientemente del sexo de las partes, y aún cuando el menor consienta o participe voluntariamente en el mismo. Véase,Dora Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico Comentado, ed. 2008, Análisis Editorial Art. 142. http://www.doranevares.com/?page_id=21

Es lamentable que la discusión pública gire en torno a si el que penetró el pene en la boca de la mujer adulta fue el perjudicado, o si por el contrario fue la imputada quien permitió que el pene del joven se infiltrara en su boca. Estas son discuciones que no tienen nada que ver con la intención legislativa plasmada en el Art. 142 de agresión sexual y que podrían responder a consideraciones sexistas, ya superadas en el Nuevo Código. Como indicó El Nuevo Día en su editorial del 18 de noviembre de 2008, “Hacemos un llamado a las autoridades a que no permitan que las equivocadas concepciones culturales se conviertan en una limitación a la hora de considerar éste o cualquier caso de delitos sexuales.” El Nuevo Día, 18 de noviembre de 2008, p. 52, Por un Proceso Libre de Prejuicios, http://www.elnuevodia.com/diario/columna/491605

Ha concluido el cuatrienio del 2004 -2008 y comienza un nuevo cuatrienio de política pública con un mandato contundente del Pueblo de Puerto RIco. Como parte de ese mandato está la necesidad de que Puerto Rico sea un lugar seguro donde todos y todas podamos vivir sin violencia.  En mi libro El Crimen en Puerto Rico presento una radiografia de la violencia y la criminalidad durante los pasados 50 años,  junto con recomendaciones de acción ciudadana y política pública para atender la criminalidad cotidiana.

Hay que conocer la historia para cambiar el futuro. Esa historia nos revela que con el decurso del tiempo se ha hecho evidente la incapacidad de nuestro modelo social y de desarrollo económico para atender las raíces de la violencia y de la criminalidad. Al mismo tiempo no ha surgido una fuerza política capaz de traer esos asuntos a la agenda de política pública del gobierno, ni de los partidos políticos. Se hace necesario una política pública seria que confronte las causas de nuestra crisis social, de la pobreza, de la necesidad de hacer una mayor inversión en el recurso humano en nuestras escuelas, en el sistema de salud, en los salarios y en los empleos, en el costo de los servicios públicos, y en la honestidad del discurso político y de la función pública.

A continuación  varios puntos que podrían ser parte de la agenda de política pública en prevención del crimen a nivel nacional, para convertir a Puerto Rico en un lugar seguro y habitable. Son ellos:

• Propiciar la seguridad de nuestros niños y jóvenes mientras crecen y se equipan de las destrezas y cualidades para ejercer una adultez responsable.
• Reformar el sistema de educación pública desde la educación preescolar hasta la vocacional o universitaria.
• Crear espacios de oportunidades o lugares seguros donde los niños y jóvenes acudan al salir de la escuela.
• Revitalizar las comunidades en riesgo al crimen, marginadas o disfuncionales e invertir en ellas y en su gente.
• Desarrollar una política de empleo para todos los que cualifiquen y el gobierno propiciar que los empleos estén disponibles.
• Llevar a cabo reformas complementarias que tengan el impacto de crear un sistema de administración de la justicia penal y correccional proactivo en prevención y rehabilitación que no afecte la dignidad del ser humano ni discrimine contra los pobres.
• Comunicar y replicar lo que funciona en prevención, rehabilitación y control del crimen.
• Desarrollar una política pública para atender el sector de los viejos.
• Atender al drogodependiente como un enfermo que necesita atención médica y no como un criminal.
• Fomentar la tolerancia y respetar la diversidad.
• Agenda política seria, honesta y de futuro

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