En un giro interesante a una noticia reportada ampliamente la semana pasada, el gerente general de Microsoft en Puerto Rico, Ambrose Ramashai, le aclaró a la periodista de El Nuevo Día, Yalixa Rivera Cruz, que la inversión adicional de $635 millones por parte de dicha empresa, anunciada con bombos y platillos por el Gobernador Luis Fortuño, en realidad no representa una expansión. Ramashai indica que, “[e]stamos hablando de lo que se paga en nómina, contribuciones y energía eléctrica, más lo que se invierte en educación y adiestramientos, que impactan directamente a la economía local.” O sea, según indica la periodista, los $635 millones anunciados por el Gobernador, “no significa[n] una inyección económica adicional a lo que esa compañía ya hace en la Isla.”

Para quienes duden que en efecto el Gobernador dijo lo que dijo, nada mejor que una reproducción en YouTube, colocada por la propia Fortaleza, de una entrevista de la periodista de Televicentro, Celimar Adames, con Luis Fortuño. A continuación una transcripción de sus palabras:

Celimar Adames: Tenemos entendido que hubo un compromiso por parte de Microsoft para hacer una nueva inversión aquí en Puerto Rico.

Luis Fortuño: Efectivamente. Estuve con Bill Gates, que como sabes es el Presidente de la Junta de Directores de Microsoft. El compromiso que ha hecho público en el día de hoy Microsoft es de una inversión en los próximos cuatro años de $635 millones.

Celimar Adames: Gobernador, ¿esto implica una expansión de operaciones de Microsoft en Puerto Rico o es una ampliación de lo que ya están haciendo y le pregunto si esto implica nuevos empleos?

Luis Fortuño: Es una ampliación de lo que ellos ya están haciendo.

O sea, el Gobernador dijo que era “nueva inversión” y que representaría una “ampliación” de las operaciones existentes. Ambas aseveraciones son falsas.

Sin embargo, por bochornosa que pueda resultar esta noticia para el señor Gobernador, como siempre, no tendrá que preocuparse mucho ya que a pesar de que varios periódicos reportaron la noticia fabricada en primera plana, la aclaración de hoy fue publicada en la página 32 y apenas ocupa una cuarta parte de la página.

A partir de hoy y todos los miércoles, NoticiaEnVivo.com estará difundiendo POSDATA, un programa de análisis radial por Internet, en el cual participarán este autor y el vicepresidente de la juventud del PNP, Eddie Charbonier. La discusión tocará una variedad de temas que afectan el diario vivir en Puerto Rico. POSDATA es un espacio en el que nuestr@s amig@s cibernautas podrán escuchar un análisis serio cada miércoles, leer las reacciones de los panelistas durante el resto de la semana y aportar a la discusión publicando sus comentarios sobre los temas abordados.

Para principios de enero de 2009, la Administración Fortuño puso el grito en el cielo y solicitó de la Asamblea Legislativa una serie de medidas para tomar miles de millones de dólares prestados a los fines de poder pagar la nómina. Se decía, en aquel momento, que no habría con qué pagar la nómina pública de la primera quincena de este año si no se aprobaban estas medidas de inmediato. La Legislatura dio su aval y ya para el 14 de enero el Gobernador había estampado su firma sobre cuatro proyectos de ley, entre ellos, uno que levantaría $4,000 millones dedicándole un por ciento adicional del IVU al repago de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

En expresiones citadas por El Vocero, en un artículo del 9 de enero de 2009, el Gobernador indicó que:

Con estas tres medidas vamos a asegurar la nómina del gobierno, vamos a pagarle [sic] a los suplidores del gobierno sobre 750 millones de dólares, incluyendo pequeños y medianos comerciantes y organizaciones sin fines de lucro, y vamos a financiar el paquete de estímulo económico criollo, el cual estamos trabajando que debe rondar alrededor de los $500 millones (Énfasis suplido).

El Portavoz de la Mayoría en el Senado, Roberto Arango, coincidió con la apreciación del Gobernador. En un artículo de El Vocero publicado el 14 de enero, “Roberto Arango, negó el miércoles que hubiese dinero para pagar la nómina del jueves, como alegan los legisladores populares. […] A su juicio, ‘era importante, era urgente’ la aprobación de las cuatro medidas.”

Sin embargo, en un artículo del 20 de febrero, el periódico El Nuevo Día reseña que el BGF ahora descarta el realizar la nueva transacción de COFINA por las condiciones del mercado. “Por ende, la emisión de bonos de hasta $4,000 millones que tenía en agenda el Gobierno tendrá que esperar,” lee el artículo.

Ante esta situación debemos preguntarnos cómo el Gobierno está pagando la nómina pública. De nuevo, las medidas se aprobaron sin análisis alguno bajo la premisa de que urgía tomar este dinero prestado para pagar la nómina de la primera quincena de enero. ¿Cómo entonces sin haber realizado la transacción ha podido el Gobierno pagarles a los servidores públicos?

Y no olvidemos que este cuestionamiento se suma al hecho de que en el caso de miles de empleados públicos que reciben sus salarios por depósito directo, esa primera quincena de enero recibieron un depósito equivalente al doble de su salario ordinario.

¿No será entonces que, como este autor ha reseñado en innumerables ocasiones, se exageró la gravedad de la situación fiscal para justificar unas decisiones que previamente eran criticadas por los mismos que ahora predican la necesidad de tomar prestado para cuadrar el presupuesto gubernamental?

El Nuevo Día criticó, en su editorial del 21 de febrero, la cancelación de contratos en la Administración de Familias y Niños (ADFAN), para la provisión de servicios a 1,500 menores maltratados y sus familias, y en el Departamento de Educación, para un proyecto piloto en más 500 escuelas en Puerto Rico conocido como Programa de Convivencia Pacífica. El periódico cuestiona estas cancelaciones y el análisis realizado por las agencias para determinar que los recortes presupuestarios solicitados por el Gobernador Luis Fortuño debían conllevar la interrupción de estos servicios.

Sin entrar en los méritos de estos programas ni en la justificación para los recortes, estas incidencias demuestran la dificultad inherente en reducir los gastos del Ejecutivo. Seguramente, ambos contratos estaban clasificados como servicios profesionales, una categoría de gastos a menudo criticada porque se presume contiene únicamente contratos para publicistas y abogados. Sin embargo, los recortes en ADFAN y Educación apuntan a la realidad que el presupuesto gubernamental está sobre-comprometido no de frivolidades sino de servicios que, o son requisitos legales de las agencias, o son servicios que la población, los medios, los políticos y la sociedad civil esperan sean prestados por su gobierno.

No es decir que en el Gobierno no quede algo de grasa que recortar. Pero no queda tanta grasa como para enderezar las finanzas del País sin un proceso que conllevará el repensar la gestión gubernamental para identificar aquellas cosas que entendemos el gobierno debe hacer y aquéllas que no. Aunque elimináramos todos los gastos supuestamente superfluos - hasta las dietas y los carros y los celulares - no habríamos hecho ni una décima parte del esfuerzo requerido para lograr un presupuesto balanceado.

Ese repensar no será sencillo. Conllevará sacrificios de todos los sectores y un entendimiento de los medios de comunicación de que el gobierno es grande porque queremos que lo sea. Las administraciones de Acevedo Vilá y de Fortuño se encontraron con una difícil situación fiscal. Pero la misma no fue el resultado de las decisiones de un solo gobernador o gobernadora, sino de un País y de sus líderes políticos.

La presente crisis, que el País enfrenta desde inicios de este siglo, es en parte el resultado de loables programas gubernamentales, en algunos casos mal ejecutados pero no por eso menos encomiables. El Tren Urbano, que ha comenzado a descongestionar algunas carreteras en el área metro, desangra las finanzas de la Autoridad de Carreteras por sus magníficos costos de operación. La tarjeta de salud, que le presta a más de un millón de puertorriqueños servicios médicos gratuitos aumenta en costo anualmente a un ritmo astronómico que alcanza en ocasiones un 10%. La Administración de Instituciones Juveniles, en gran medida por requerimiento del Tribunal Federal, desembolsa cerca de $100,000 por recluso por año. Y los convenios colectivos, que desde el 1998, con la firma de la Ley 45, son la manera establecida de determinar las condiciones laborales de los empleados en el sector público, implica la concesión de aumentos salariales casi anualmente, no por capricho del gobernante, sino por virtud de una decisión de política pública, entronizada en nuestras leyes, para mantener la paz laboral.

Todos estos programas y requerimientos se suman a las expectativas irreales de la población y de los medios en cuanto al radio de acción gubernamental. Todos los medios de comunicación, electrónicos e impresos, proveen espacios para los reclamos de la población, sean éstos de índole estrictamente públicos o estrictamente privados. Pero nadie en el País aparenta poder deslindar unos de los otros, con el resultado fatal de que el Gobierno acaba respondiendo por las malas decisiones en el ámbito privado de cada ciudadano o empresario.

En fin, ninguna administración podrá recortar los gastos sin lograr un consenso social. Consenso con la sociedad civil, con la Legislatura - que en este cuatrienio debiera ser posible - con la población y con sectores dentro de ésta. Tendremos que ceder aunque entendamos que nuestras son las necesidades más apremiantes. Y tendremos que llegar al entendimiento de que nuestro gobierno no es omnipotente. Para ser exitosos se requerirá un compromiso de todos: de los políticos y los medios de no criticar cualquier recorte como insensible, de los legisladores de no continuar satisfaciendo los reclamos más banales de intereses particulares con el resultado final de aumentar el gasto público para un fin privado y de todos los que componemos esta entidad política que es Puerto Rico de hacernos responsables no sólo por nuestras acciones como individuos sino también de las acciones del colectivo.

Otro artículo del New York Times de hoy reseña la crítica situación fiscal de los estados de California y Kansas.  El primero en particular enfrenta una situación que la subdirectora del Center on Budget and Policy Priorities, Iris J. Lav, describió como la peor en todo EE.UU.  Lav indicó que, “[n]o other state is in the kind of crisis that California is in,” en referencia a una crisis fiscal que ha obligado al estado a cerrar oficinas durante varios días al mes para poder conjurar su monumental déficit.  La economía de California en el 2007 era descrita como de entre las primeras 10 en el mundo de ser un país independiente. Kansas, por otro lado, enfrenta dificultades para pagar la nómina estatal este viernes.

Todos estos indicios de la recesión económica global apuntan a que la situación de Puerto Rico no es única, ni es, como quisieran hacernos pensar la administración de turno y el informe del CAREF, la peor en todo EE.UU.

El New York Times de hoy reseña en un artículo que los gobernadores republicanos de EE.UU. han sido de los políticos más vocales en su apoyo al plan de estímulo económico de la Administración Obama que recién fue aprobado. Según el prestigioso periódico neoyorquino, los gobernadores republicanos de California, Florida, Vermont y Connecticut hasta firmaron una carta con sus homólogos demócratas celebrando el plan del Presidente.

El periódico también cita una fuente envuelta en la redacción de la carta quien indica que de no haber sido por presiones político partidistas de la base republicana en sus estados, varios otros gobernadores de dicho partido habrían firmado la carta. Esto es así ya que Obama ha recibido el apoyo, en algunos casos público, de un mayor número de los gobernadores republicanos. Incluso, se comenta sobre una reunión en Philadelphia en diciembre de 2008, por invitación del entonces Presidente-electo, a la cual acudieron la vasta mayoría de los gobernadores de ambos partidos para dialogar sobre la situación económica de EE.UU.

Estos hechos obligan a cuestionar el silencio del Gobernador Fortuño en cuanto al plan de estímulo. Algunos gobernadores republicanos de los estados habrán tenido presiones políticas de sectores conservadores en sus partidos. Sin embargo, en Puerto Rico nadie, de ninguno de los dos partidos principales, ha expresado oposición al plan de Obama. ¿Por qué entonces rehusó firmar una carta de apoyo avalada por cuatro importantes gobernadores republicanos? Y sobre la reunión en Philadelphia, ¿qué habrá sido más importante que asistir a una reunión en la que todos sus pares discutirían el plan económico del nuevo Presidente?

Las contestaciones a estas preguntas podrían apuntar a que Fortuño se ha colocado a la extrema derecha dentro del propio Partido Republicano. Igualmente, el silencio en cuanto al plan de estímulo podría ser el resultado de su afinidad más estrecha con el republicanismo a nivel de EE.UU. que con el pragmatismo político que ha caracterizado las actuaciones de los republicanos a nivel estatal. El que su silencio haya podido obrar en detrimento de los mejores intereses de Puerto Rico, particularmente en los últimos días de la consideración del proyecto cuando se redujo significativamente la tajada que le correspondería a la isla, es un asunto que habrá que evaluar con detenimiento.

El Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) de la Administración Fortuño concluyó, en su Informe sobre Reconstrucción Fiscal, que la gravedad de la situación presupuestaria de Puerto Rico era mucho peor, en términos proporcionales, que la de cualquier estado de EE.UU. Esta conclusión ha sido parte del repertorio del coro de voces que se ha dedicado a inflar y sobrestimar el déficit presupuestario del País a los fines de adelantar una agenda ultra-conservadora que atenta contra los derechos y el bolsillo de la clase media. A pesar de cuestionamientos antes reseñados en este espacio, de grupos como la Asociación de Economistas, la Administración Fortuño sostiene que el informe del CAREF no contiene errores metodológicos y que presenta un cuadro objetivo, y no exagerado, de la situación fiscal.

Sin embargo, en un artículo publicado el 19 de enero de 2009 en la página 15 del Puerto Rico Daily Sun, el Secretario de Estado, Kenneth McClintock, al menos admitió que el déficit per capita de California excede el de Puerto Rico. La cita textual del Secretario lee, “Our immediate problem is that we have a $3 billion deficit, which exceeds the per-capita deficit of any state except California.”

Por otro lado, el informe del CAREF, en las páginas 15 y 16, indicaba que:

La situación fiscal por la que atraviesa Puerto Rico no es única – 43 de los 50 estados en los Estados Unidos enfrentan o proyectan déficits presupuestarios en lo que resta del año fiscal 2008-09 y para el 2009-10. […] Sin embargo, en términos relativos, la gravedad del problema en Puerto Rico es mucho mayor. El déficit de Puerto Rico [resulta] una proporción considerablemente mayor que la de otros estados que enfrentan problemas presupuestarios.

[L]a gravedad de sus déficits presupuestarios y las consecuencias de los mismos no son tan serias en otros estados como en Puerto Rico.

Incluso el reconocimiento solapado de McClintock, a los efectos de que al menos un estado enfrenta una situación más complicada que la de Puerto Rico, es insuficiente. La realidad objetiva, tal cual señalara este autor en un informe hecho público el 30 de diciembre de 2008, es que el CAREF sobreestimó, en al menos $1,800 millones, el déficit presupuestario del año fiscal 2008-09. Igualmente, utilizaron una metodología incorrecta al hacer sus cálculos en cuanto al déficit para compararlo con el de los estados. El resultado de este error lo fue la conclusión de que el déficit de Puerto Rico es más grande, proporcionalmente, que el de que cualquier estado.

Las expresiones de McClintock demuestran que, hasta usando números inflados, un análisis objetivo no permite alcanzar las conclusiones alarmistas del CAREF.

En lo que representa una confirmación adicional de los cuestionamientos planteados por este autor, en un escrito hecho público el 30 de diciembre de 2008, sobre el informe que presentó el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal, la Asociación de Economistas de Puerto Rico señaló ayer en vista pública que el grupo de empresarios sobrestimó el déficit.  Los medios de comunicación recogen esta información mas no aparentan comprender la magnitud e importancia de estas aseveraciones.

Desde diciembre, cuando el CAREF hizo público un déficit inflado de $3,200 millones, los medios de comunicación han citado esta cifra como verdad bíblica.  Sin embargo, con un cuestionamiento tan serio como el que plantean los economistas, las juntas editoriales deben considerar añadirle uno de los siguientes adjetivos al dato: controvertido, alegado o supuesto.

Las declaraciones de la Asociación de Economistas se suman a otros datos que ponen en tela de juicio el análisis del CAREF.  El 14 de enero surgió información de que Hacienda sí tenía los recursos para pagar la nómina de la primera quincena del cuatrienio.  El 28 de enero, los datos presentados en el Informe Final de Transición contradecían los datos del CAREF.  Y el 2 de febrero el Secretario de Hacienda es citado planteando datos en cuanto a la deuda a los suplidores que colocaban la cifra en unos $200 millones por debajo de la que presentó el CAREF.

Y nada de esto entra al análisis de las propuestas del grupo ni al efecto que podría tener el informe sobre la clasificación crediticia del País.  La Asociación de Economistas indica que el despedir empleados públicos o imponer contribuciones adicionales, como planteó el CAREF, sólo agravaría la situación económica de Puerto Rico.  Por otro lado, expresiones hechas por Bank of America/Merrill Lynch advirtiendo a sus clientes sobre el crédito de Puerto Rico muestran los efectos deletéreos a nuestra reputación y economía que ocasionan el exagerar la gravedad de la situación fiscal actual.

Finalmente, la Asociación de Economistas señala que la evaluación de la situación fiscal debió haberse realizado en conjunto con Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Banco Gubernamental de Fomento. Desafortunadamente, durante el proceso evaluativo del CAREF, no hubo comunicación directa con la OGP, agencia que presidía este autor.

Luis Fortuño, Governor of the Commonwealth of Puerto Rico, indicated on Monday that he would reverse a policy, adopted by former Governor, Aníbal Acevedo Vilá, and former Secretary of Justice, Roberto Sánchez Ramos, which prohibited local prosecutors from referring potential death penalty cases to the U.S. Attorney’s Office for the District of Puerto Rico. This reversal, covered in a number of articles in the local media, will allow the Commonwealth Government to circumvent Puerto Rico’s constitutional death penalty ban by allowing prosecutors to federalize certain crimes investigated by local authorities.

Incredibly, Governor Fortuño admitted to having moral objections to the death penalty but said he would comply with Federal law which prescribes capital punishment for a number of crimes. This morally ambiguous position assumed by the Governor is a relinquishment of his authority and leadership to guide Puerto Rico and its People.

The Governor also see to misunderstand his legal prerogatives. While the Governor would in fact not have the authority to stop a death penalty prosecution initiated by Federal agencies in Puerto Rico, it is quite another thing to state that Commonwealth authorities will actively refer investigations, to the only ends of getting around our constitutional order. In this regard, the Governor would not be violating Federal law by failing to refer investigations to Federal authorities, given that the Commonwealth has the right and duty to investigate crimes occurring within its jurisdiction. The Governor instead has made a conscious choice to use his discretion as regards this issue in a manner that is inconsistent with the values and political will of the People of Puerto Rico as expressed through the 1952 Commonwealth Constitution and as evidenced by the historical record dating back to the 16^th century.

Should the Governor’s action respond to an ideological stance in favor of annexation to the United States and an intention to dismantle all the institutions of the island’s current political status, his moral cop-out would be even more reprehensible and disappointing. That ideology should override morality and the popular will speaks poorly of Fortuño’s leadership and of the strength of his convictions. Subverting our moral and legal order in such a manner is a truly sad display of partisan politics trumping what is right.

El Nuevo Día publica hoy, en su página 44, una columna de este autor sobre el tema de la investigación legislativa contra funcionarios de las administraciones de los ex gobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, para adjudicar culpas por la situación fiscal del  País.