En sintonía con la necesidad de modernización y eficientización de Administración, el 1 de abril último ha ingresado al Congreso de Chile un proyecto de ley que crea una bonificación por calidad de satisfacción al usuario y establece normas para los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Así, se generará un estímulo económico por la calidad del servicio que entrega a los usuarios el Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes deberán elevar el índice de satisfacción neta de los beneficiados. Dicha percepción será evaluada por una entidad externa que será la encargada de determinar si dicha meta se cumplió y quiénes serían los funcionarios favorecidos.

En el mensaje acompaña el proyecto, puede leerse que la iniciativa encuentra su fundamento en “la necesidad de avance y crecimiento del país, armonizando los esfuerzos públicos y privados con el fin de construir un Chile con igualdad de oportunidades y de progresos para todos”.

Cierto es que todos hemos pasado alguna vez por la poco grata experiencia de tener que enfrentarnos a la aletargada maquinaria del Estado que a la hora de realizar trámites en alguna dependencia, lejos de hacer sentir la posibilidad de acceso a la información y optimización de los tiempos de los individuos, convierten la experiencia en una pesadilla que nos hace descreer de la labor de instituciones públicas que son claves.

“Los ciudadanos que acceden a las reparticiones públicas requieren y exigen servicios de calidad. Por tanto, los organismos públicos deben alinearse y enfocarse al desafío continuo de garantizar una atención de calidad a sus usuarios.
Responder con prontitud, disminuir los tiempos de espera, desarrollar plataformas tecnológicas para una atención más expedita, tener una cultura institucional centrada en la calidad de servicio que se provee a la ciudadanía, son los elementos claves que caracterizan a esta nueva etapa de la modernización del Estado”.

Ok, hasta aquí suena muy bien. Y al parecer el órgano de la Administración elegido para comenzar con este proceso, es el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Al parecer, nuestros legisladores han optado -como las empresas privadas- por un sistema de incentivos que redundará en una bonificación que “tendrá un valor anual equivalente en unidades de fomento a $813.600, valor que incluye el bono compensatorio de imponibilidad. Se pagará en ocho cuotas al personal que haya prestado servicios, sin solución de continuidad, en el Servicio durante a lo menos seis meses del año objeto de la evaluación de calidad de atención a los usuarios. La bonificación no servirá de base de cálculo para ninguna otra remuneración o beneficio legal. Tendrá carácter tributable e imponible para fines de previsión y salud”.

La intención es que dicha repartición eleve el índice de satisfacción neta de los beneficiados. Y tal percepción será evaluada por una entidad externa que será la encargada de determinar si dicha meta se cumplió y quiénes serían los funcionarios favorecidos. La pregunta es … ¿Funcionará?